Un encendido y extenso debate en el Senado terminó con la aprobación sin votos en contra del informe de comisión mixta sobre el proyecto que busca combatir el consumo de comida chatarra, obligando a informar la composición nutricional de los alimentos y limitando su publicidad.
La mayor parte del texto se aprobó por 26 votos a favor y una abstención, mientras que el artículo cuarto referido a incluir contenidos sobre alimentación saludable en la enseñanza escolar requería un quórum especial y fue aprobado por unanimidad (29 votos a favor).
La votación no refleja las diferencias planteadas en el debate entre parlamentarios de oposición y de gobierno, apuntando la discusión principalmente al contenido de un veto presidencial que finalmente comprometió enviar el Ejecutivo para corregir algunos aspectos de la iniciativa.
En tres puntos hay disposición clara de la oposición a respaldar las modificaciones, referidas a eliminar a prohibición de vender comida chatarra en universidades, echar por tierra la prohibición de publicitar sucedáneos de leche materna y acotar la inclusión de contenidos sobre alimentación saludable en la enseñanza prebásica, básica y media.
Pero el gobierno hizo el intento de ir más allá de eso en una reunión sostenida antes del debate en sala, tras lo cual dio cuenta de un acuerdo de veto que incluiría otros puntos, entre ellos que la advertencia alimentaria podría estar en el envase, en el etiquetado o rotulado de los productos para no contrariar las normas de la OMC.
El ministro de Salud Jaime Mañalich dijo entonces que el presidente del Senado y autor de la iniciativa, Guido Girardi (PPD), “ha consensuado con nosotros un acuerdo, que trabajó con el doctor Ricardo Uauy, a nosotros nos parece bien”, apuntando a cinco materias y ya no sólo las tres que reconoce la oposición.
Por eso el debate se centró en el tema del veto, rechazando algunos parlamentarios la idea de acordarlo previamente. Camilo Escalona (PS) dijo en sala que “nos han ofrecido a los parlamentarios de la Concertación ‘negociar’ un veto del Presidente y todos sabemos que eso es inadmisible no sólo del punto de vista constitucional, también del punto de vista político y moral”.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, habló en sala de los aspectos a corregir, sosteniendo que “nos alegramos que algunas materias que no han sido contenidas en el texto del acuerdo que se cerró la semana pasada, como la rotulación o etiquetado de alimentos, también pueda ser considerado”.
Dijo que el gobierno “va a recoger el acuerdo para perfeccionar el texto de la comisión mixta a través de un veto que estudiaremos en detalle”, quedando abierta la fórmula que finalmente enviará el Ejecutivo. El informe de mixta debe votarse ahora en la Cámara de Diputados y sólo de ser aprobado allí se procederá al veto presidencial.
La Nación