En los últimos días, nuestro canal, ITV Patagonia, fue afectada por inusuales e insólitas practicas que consideramos son atentatorias contra la libertad de expresión .
En primer lugar, una resolución del tribunal de garantía, dictada en virtud de requerimiento formulado por el fiscal adjunto, Juan Agustín Meléndez Duplaquet, con ocasión de haber recibido la fiscalía regional el oficio ordinario 693 del día 10 del mes en curso suscrito por el Intendente Regional, Don Mario Maturana, se determino una medida de clausura del canal si se transmitía el sábado 12 de diciembre un espacio concurso alusivo a una candidatura política.
La comunidad debe saber que nunca los organismos, tanto gubernamentales como judiciales competentes, consultaron a los ejecutivos del canal acerca de la efectividad del contenido del volante adjuntado por el señor Intendente, en cuanto a la participación de nuestro canal de televisión sobre si teníamos programado la transmisión del sorteo que se estaba publicitando. Por ende, operó la censura previa, aspecto que en este país ya había quedado en el pasado, lo que –por cierto – implica un serio riesgo y peligro a las actividades que programan todos los medios de comunicación.
A lo anterior tenemos que agregar, que, este domingo 13, en plena transmisión del proceso electoral ,la Inspección del Trabajo a través de dos fiscalizadores efectuaron una visita inspectíva que calificaron “de rutina “ ,dejando un acta de requerimiento de documentos y citación y advirtiendo verbalmente a nuestro director ejecutivo que el personal que labora en nuestra empresa con jornadas de trabajo entre lunes y sábado no podía, de modo y forma alguna, trabajar en día domingo de acuerdo a las nuevas disposiciones legales, sin mencionar cual o cuales eran estas. Esta medida la consideramos insólita y que puede entenderse como una persecución contra el canal, emanada de las autoridades de gobierno y con fines insospechados, pues se eligió un día en que históricamente todos los medios de comunicación del país trabajan con todo su personal –porque la situación así lo requiere - para entregar la información oportuna a la ciudadanía, sin que ningún otro medio de comunicación regional hubiere sido “fiscalizado”.
Curiosamente al no operar la clausura judicial, el gobierno regional, en una nueva arremetida política, utilizó a un ente fiscalizador con dedicación exclusiva solo para nuestro canal, pagando – creemos – horas de sobre tiempo en día feriado, para conseguir, finalmente, que no cumpliéramos con nuestra labor informativa.
En una democracia tales hechos que atentan contra la libertad de expresión, logrando en este caso su objetivo, son repudiables y, por ello, nos vemos en la obligación de denunciar ante la comunidad, autoridades nacionales y diversas asociaciones periodísticas del país, que el Intendente Regional, el Secretario Regional del Trabajo y el director Regional del Trabajo, se prestaron, a nuestro entender, para utilizar sus funciones y atribuciones para atentar contra la libertad de expresión.
AYER NOS TOCO A NOSOTROS. NO QUEREMOS QUE NUNCA MAS ESTO SE REPITA.